Diputados debate el Presupuesto universitario 2027 en medio de diferencias por el financiamiento

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retoma este martes el debate sobre los recursos destinados a las universidades nacionales para 2027, en una jornada marcada por la fuerte tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expondrán desde las 10 ante los legisladores.

El principal punto de conflicto está en los fondos previstos para las casas de estudio. El proyecto del Poder Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones para garantizar el funcionamiento de las universidades y avanzar con la recomposición de los salarios docentes y no docentes.

La discusión se da pocos días después de una multitudinaria movilización universitaria frente al Congreso, que volvió a poner el financiamiento de la educación superior en el centro de la agenda política. La oposición buscará que el Presupuesto incorpore recursos suficientes para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el oficialismo sostiene que la normativa no cuenta con una partida presupuestaria que permita ejecutarla.

El proyecto también establece nuevos mecanismos de control sobre los fondos transferidos a las universidades. Las instituciones deberán presentar información sobre la asignación, ejecución y evaluación de los recursos y, ante eventuales incumplimientos, el Ministerio de Capital Humano quedaría habilitado para interrumpir las transferencias. Además, los aumentos salariales de 2027 se calcularían sobre las plantas docentes y no docentes vigentes en noviembre de 2026, salvo ampliaciones autorizadas por el Gobierno.

Más allá del debate universitario, el Presupuesto educativo general contempla $9,8 billones para 2027. El proyecto prevé reducciones en programas como las becas Progresar, los comedores escolares, la infraestructura educativa y la capacitación docente, mientras que el Plan Nacional de Alfabetización aparece como una de las prioridades, con una asignación de $773.000 millones.