La Fiscalía investiga transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo es determinar el origen de una serie de transferencias y depósitos bancarios que, según la Fiscalía, no figurarían entre los ingresos consignados en las declaraciones juradas incorporadas al expediente.

Uno de los principales puntos del requerimiento está relacionado con tres transferencias de la FIFA por un total de US$189.577,18. Pollicita pidió que se libre un exhorto internacional a Suiza para que el organismo rector del fútbol mundial precise el motivo de esos pagos, los cargos o funciones que los originaron y las cuentas bancarias a las que fueron enviados.

Además, el fiscal solicitó información detallada sobre todos los honorarios, dietas, viáticos y otros conceptos que la FIFA le hubiera abonado a Tapia desde 2016. La medida busca reconstruir los ingresos percibidos por el dirigente en el ámbito internacional y contrastarlos con la información patrimonial disponible en la investigación.

La investigación también apunta al Sindicato de Choferes de Camiones, que deberá brindar explicaciones sobre 37 acreditaciones bancarias realizadas entre 2016 y 2019. Según la información publicada por TN, esos movimientos suman US$1.494.678. La Fiscalía busca establecer el concepto de los depósitos y determinar su relación con los ingresos declarados por el titular de la AFA.

La causa tramita en la Justicia federal y busca establecer si existe una correspondencia entre la evolución patrimonial de Tapia y los ingresos que percibió durante el período investigado, en particular por sus funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y en organismos del fútbol sudamericano. Los requerimientos forman parte de las medidas de investigación y no implican, por sí mismos, que se haya acreditado la comisión de un delito.