Malvinas: la Argentina recurrió a un tribunal internacional para frenar el proyecto petrolero británico

El Gobierno argentino presentó este martes 13 de octubre un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para intentar frenar la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en las Islas Malvinas. La medida busca impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y preservar los derechos soberanos que la Argentina reivindica sobre la plataforma continental.

La presentación se concretó luego de que venciera el plazo de dos semanas que la administración de Javier Milei le había otorgado al Reino Unido para que impidiera el inicio o la continuidad de las actividades petroleras. Ante la falta de una respuesta que satisficiera el reclamo argentino, la Cancillería avanzó con la vía judicial internacional.

Según informó la Oficina del Presidente, el pedido solicita la adopción de medidas provisionales para evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por Londres agraven la disputa por la soberanía de las islas. El Ejecutivo sostiene que la explotación de esos recursos naturales vulnera el derecho internacional y puede ocasionar un perjuicio irreversible a los derechos argentinos.

La iniciativa se enmarca en el procedimiento de arbitraje que el Gobierno puso en marcha el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Como la Argentina y el Reino Unido eligieron distintos mecanismos para resolver controversias, el proceso contempla la intervención de un tribunal arbitral. Mientras se constituye ese tribunal, el Gobierno busca que el Tribunal del Mar adopte medidas urgentes.

El proyecto Sea Lion es impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y constituye un nuevo foco de tensión entre Buenos Aires y Londres. El Reino Unido sostiene su posición sobre las islas y defiende el derecho de sus habitantes a desarrollar sus recursos naturales. Ahora, los organismos internacionales deberán evaluar el planteo argentino y determinar los pasos correspondientes dentro del procedimiento legal.